El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Juan Carlos Márquez, informó que en marzo se firmó la instrucción que permite que los ciudadanos puedan dirigir sus reclamaciones al registro de entrada del Consistorio.

Márquez recordó que desde hace tres meses se están recogiendo las reclamaciones “una vez que sale la primera sentencia del Tribunal Constitucional que señalaba que los artículos de la Ley de Haciendas Locales estaban infringiendo un principio constitucional, respecto a dichos ámbitos de actuación”.

“Con la segunda sentencia del Tribunal Constitucional, donde ya hace referencia al territorio nacional, se refleja que la aplicación de dos artículos concretos de dicha Ley que regula la plusvalía, afectaba al principio de capacidad económica que está contemplado en nuestra Constitución”, comentó el edil.

Márquez resaltó que “estamos conformes con esta última sentencia, ya que desde este equipo de Gobierno defendemos que el contribuyente pueda pagar unos impuestos progresivos a su capacidad económica”.

El edil señaló que la devolución no se puede hacer efectiva “sin tener un sustento jurídico, y es por ello que mejoramos el procedimiento anterior, con un nuevo modelo donde va a poder ponerse de manifiesto que la realización de plusvalía con la transmisión realizada no genera ningún incremento patrimonial”.

El concejal veleño recordó que “vamos a esperar el plazo de seis meses que tiene el Gobierno nacional del Partido Popular para que haga las modificaciones de la Ley de Haciendas Locales, y que aporte las instrucciones necesarias a los ayuntamientos para determinar lo que tienen que hacer en las liquidaciones de estas plusvalías”. “No se pueden devolver hasta que no nos determinen por parte del Gobierno central la fórmula en la que se tiene que hacer”, aclaró.

Las solicitudes se podrán continuar recogiendo en las oficinas de atención al ciudadano en distintas dependencias municipales, las cuales se tendrán que presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento donde se le facilitará la documentación que tendrá que aportarse.

Esta información se organizará en un fichero que permitirá que los servicios técnicos puedan determinar el contenido de las distintas reclamaciones, y cuando se aprueben las modificaciones legislativas se recogerán las solicitudes y se impulsarán de oficio.