Desde el martes cinco de febrero, y durante toda la semana pasada, la flota de cerco de la provincia de Málaga, compuesta por un total de 32 embarcaciones que dan empleo directo a más de 350 personas, tuvo que permanecer amarrada a puerto como consecuencia del boicot al que viene siendo sometida por parte de los mayoristas e intermediarios que, como medida de presión, se niegan a comprar el pescado en lonja para que los armadores sigan regalando un 5% de sus capturas en todas las ventas que superen las diez cajas, una exigencia que ya se ha ido suprimiendo en el resto de puertos de la comunidad andaluza y en todo el levante español.

Aunque desde las cinco Cofradías de Pescadores de Málaga (Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga y Caleta de Vélez) se están tratado de propiciar encuentros con los mayoristas para desbloquear el conflicto, la realidad es que estas reuniones no han dado todavía sus frutos. Es más, las comercializadoras y sus intermediarios han intentado aprovechar este boicot para apretar todavía más las tuercas al sector pesquero.

Desesperados, los barcos han tenido que hacerse nuevamente a la mar e intentar buscar otros puertos donde vender sus capturas. Sin embargo, esta tarea no está siendo nada fácil: la negativa de los mayoristas a comprar pescado de Málaga en otras lonjas hace que las capturas de esta pasada noche viajen en estos momentos rumbo a otros mercados para ser vendidas.

Ante esta situación, y secundando el mensaje de apoyo al sector lanzado el pasado viernes por los ediles de IU en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, desde el grupo confederal de Unidos Podemos, a través de Alberto Montero y Eva García Sempere, diputados malagueños en el Congreso, han registrado un escrito solicitando la comparecencia de la Secretaria de Estado de Pesca "para que explique qué piensa hacer el Gobierno de España ante el conflicto que viene afectando a la flota de cerco de la provincia de Málaga".