La Asociación Salvemos Nuestras Casas Axarquía mantuvo ayer 23 de enero su Asamblea General Anual. 

Una gran parte de la asamblea se centró en el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. “Estamos en un momento trascendental en la historia de Andalucía. Por primera vez desde la introducción de la democracia”, comentó el presidente de SOHA, Phil Smalley, en referencia al reciente cambio de gobierno. 

“Teniendo en cuenta que desde hace varios años, el PP ha dicho que la LOUA debe ser derogada y que se ha puesto en práctica una nueva ley de planificación junto con una amnistía para las 300.000 propiedades ilegales en la región autónoma, esperamos con entusiasmo ver qué sucede. Trataremos de tener para una reunión con la nueva Consejera lo antes posible”, explicó Smalley.

La junta de SOHA se mostró optimista con el cambio de gobierno aunque consideran que hay que trabajar paso a paso con el nuevo ejecutivo, abriendo de nuevo una senda de diálogo que cerró el anterior equipo de gobierno. “Queremos trabajar por una normativa acorde a los tiempos y tendemos una mano para no perder ninguno de los derechos que hemos recuperado”. “Lo que nos queda claro es que no pueden pasar otros diez años. Queremos justicia ya”, reclamó el portavoz Mario Blancke.

Asimismo, el presidente recordó las jornadas sobre Urbanismo realizadas en Mijas, en las que el propio alcalde de Mijas pedía que la administración, ahora saliente, admitiera sus errores. “Hay que aportar soluciones y no poner parches”, comentó en referencia a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). De hecho, explicó, los ponentes dejaron claro el laberinto legal que existe actualmente en la legislación urbanística andaluza y que las sucesivas modificaciones sólo han supuesto parches e interpretaciones.

Por su parte, Mario Blancke, portavoz de la asociación y alcalde de Alcaucín, explicó que la declaración de FO (Fuera de Ordenación) exige la revisión de disposiciones y actos nulos y que Andalucía podría suponer la revisión de más de 600.000 actos administrativos.

“Someter a revisión miles de actos con apariencia de fiabilidad y que ha provocado numerosos efectos socava el principio de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho”, indicó Blancke. “Aquí entran el juego los límites de la revisión, en los que el Artículo 110 de la Ley 39/2015 no determina un plazo fijo y sobre el que el Consejo Consultivo ha entendido nuestra propuestas, bajando su doctrina habitual de 20 años hasta 10 años en algunos casos”.

“Por eso nuestra objetivo es consolidar el límite de revisión con un plazo razonable de 10 años y no tener que depender de una interpretación subjetiva del “tiempo transcurrido”, añadió el portavoz. “De esta manera, la Ley vuelve a ser garante del derecho a la Confianza Legítima y restablece la seguridad jurídica”.

“Ninguna administración se puede llamar seria y digna de respeto por parte de sus ciudadanos si no es capaz de actuar en el plazo razonable”, concluyó Blancke.