Los ediles del grupo municipal de Izquierda Unida en el consistorio veleño, Miguel Ángel Sánchez y Alicia Pérez, ha comparecido en rueda de prensa para expresar su apoyo a la flota de cerco de Caleta de Vélez que, junto a la del resto de la provincia, permanece amarrada a puerto como consecuencia del boicot al que viene siendo sometida por mayoristas e intermediarios del pescado que aspiran a que los barcos sigan regalando un cinco por ciento de las capturas en todas las ventas que superen las diez cajas “tal y como se ha venido haciendo tradicionalmente”.

Según el portavoz de IU, Miguel Ángel Sánchez, “Ante un conflicto que afecta a 32 embarcaciones en la provincia, la mayoría con base en el puerto de Caleta de Vélez, de las que sólo en el municipio veleño dependen unas 180 familias, desde las instituciones democráticas no podemos permanecer indiferentes”.

“Por ello, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y nosotros como cargos públicos teníamos un debe: el de salir públicamente expresando nuestro apoyo al sector en su totalidad, y en concreto al cerco que es el que permanece amarrado forzosamente a puerto; pero también tenemos que hacer un llamado al resto de administraciones para que estudien si es legal, si en el marco legal español tiene cabida el boicot que los intermediarios y mayoristas del pescado están sometiendo a los pescadores de nuestra localidad y del resto de puertos de la provincia”, añadió Sánchez.

“Y cuando hablamos de otras administraciones nos estamos refiriendo casi de manera exclusiva a la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Por algo muy básico, porque pensamos que esa negativa a comprar pescado, a nuestro juicio, puede estar vulnerando algunas normas estatales. Sobre todo la Legislación tributaria y la de competencia”, aclaró el edil.

En relación a lo anterior, el portavoz de la coalición de izquierdas ha afirmado que la Agencia Tributaria no puede seguir mirando para otro lado ante las prácticas que los compradores aspiran a seguir manteniendo, dado que está claro que hay un pescado que los pescadores no pueden vender, porque se ven obligado a regalarlo, pero que posteriormente es vendido por los mayoristas, sin haber tributado nada por él.

“Dado que estamos hablando de competencias estatales, si la reunión que hay prevista este viernes entre armadores y mayoristas no da sus frutos, ni la máxima responsable del gobierno de España en la provincia se muestra sensible a este conflicto, no nos va a quedar otra que plantear esta súplica en el Congreso a través de Eva García Sempere y Alberto Montero, que son los diputados de la provincia en el grupo confederal de Unidos Podemos en Madrid”, concluyó Miguel Ángel Sánchez.