El Gobierno andaluz, “consciente de las dificultades económicas aparejadas a la crisis sanitaria”, ha movilizado más de 1.400 millones de euros en ayudas directas a los más afectados por la pandemia, como el turismo, el comercio y la hostelería; ha destinado partidas específicas para el mantenimiento del empleo a empresas y trabajadores afectados por ERTEs, “y ahora bajaremos los impuestos al conjunto de la ciudadanía para contribuir a la recuperación económica y adelantarnos así al efecto de la pandemia sobre el empleo y la economía”, ha afirmado hoy la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.

En rueda de prensa ofrecía en la Delegación del Gobierno andaluz, Navarro ha subrayado “el esfuerzo” de la Junta de Andalucía por “hacer compatibles las medidas sanitarias, llenas de restricciones para cortarle el paso al virus, con otras paliativas o de impulso para la economía, siguiendo así la estela que inició el nuevo Gobierno en 2019 con una reforma fiscal destinada a devolverle el dinero a los bolsillos de los ciudadanos”.

El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobó una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales con un único tipo lineal de gravamen del 7%, mientras que el de Actos Jurídicos Documentados pasa del 1,5% al 1,2%.

El propósito último es aliviar la carga fiscal en el acceso a la vivienda, tanto de segunda mano como de obra nueva, ya que el sector inmobiliario y de la construcción se han visto igualmente afectados por la pandemia. Mientras que en 2019 se registraron en el INE 29.852 operaciones de compraventa (entre 30.872 y 31.063 según informes del sector inmobiliario y el Consejo General del Notariado, respectivamente), el año pasado hubo 23.142 transacciones de este tipo, lo que supone una pérdida de más de 6.000 operaciones.

“Con la nueva rebaja en este tipo de impuestos aplicable a la transmisión de inmuebles impulsamos el ahorro para el conjunto de la ciudadanía, porque si hay que pagar menos impuestos, todos tenemos más dinero disponible en nuestros bolsillos y se puede consumir más, lo que activa la economía, genera una mayor capacidad de contratación y riqueza y se recauda más”, ha argumentado la delegada de la Junta.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 y supone “un paso más en nuestra hoja de ruta de reforma fiscal, cuyo epicentro” fue la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Navarro ha aclarado que, aunque en Andalucía se dejaron de recaudar 140 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en 2019, por otro lado, se recaudaron en torno a 600 millones en concepto de IRPF ese mismo año. “Es decir, que por un euro que se deja de ingresar en Sucesiones y Donaciones, se recaudan cuatro en IRPF”, ha apuntado la delegada.

Además, en 2020 se ha registrado un incremento de las autoliquidaciones de sucesiones y donaciones presentadas, pasando de 37.472 solicitudes por un importe de 26,4 millones de euros en 2019, a 51.019 solicitudes por 28,4 millones el año pasado, lo que supone un incremento de dos millones de euros en la recaudación, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

También se aplicó entonces, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la reducción de los tramos autonómicos para equipararlos a la escala estatal (de ocho tramos existentes en 2019 pasarán a cinco en 2023) y una rebaja de los tipos aplicables por tramos de forma progresiva (del 10% al 25,5% en 2019 pasarán a una horquilla del 9,5% al 22,5% hasta el ejercicio 2023). Estas medidas benefician a más de 700.000 contribuyentes malagueños.