A pesar de que el derecho a una vivienda digna aparece recogido en el artículo 47 de la Constitución Española de 1978, la carencia de parques públicos a precios asequibles que permitan acceder a la gran mayoría de las familias y, claro está, a aquellas que se encuentran en una situación más precaria, a una vivienda digna, es un hecho de sobra conocido.

En los últimos años se está produciendo además un aumento exponencial del precio de los alquileres en la provincia (la de Málaga sería la cuarta más cara del Estado si atendemos a los datos del Sindicato de Inquilinos, superando la mensualidad media de un piso de tres habitaciones los 800 euros) algo que ha agravado la situación de muchas familias que se encuentran en una situación precaria y que ni por asomo podrían soñar con la adquisición de una vivienda en propiedad mediante una hipoteca.

Las administraciones intentaron paliar parcialmente esta situación de necesidad con la aprobación de planes como el Primer Plan Estatal de Ayudas al Alquiler 2015-2017. Sin embargo, a pesar de que la Consejería de Fomento y Vivienda aprobó la convocatoria de estas ayudas para el ejercicio de 2017 mediante la orden de 29 de junio de 2017, todavía la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga -o, con la nueva denominación, la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga- de la Junta de Andalucía no ha publicado la resolución definitiva que haga posible el cobro de estas ayudas en la provincia, dejando a 89 familias de Vélez-Málaga como beneficiarias provisionales sin poder cobrarlas, y a otras 20 familias vecinas como suplentes, que no saben si tendrán derecho a ellas.

Por todo esto hemos pedido al equipo de Gobierno que inste a la mayor brevedad a la Junta de Andalucía a que apruebe y publique la resolución de estas ayudas para el alquiler a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados, al tiempo que eleve a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio la necesidad de elaborar y aprobar un Plan Integral de Vivienda Pública para Alquiler Social y Alquiler a Precio Asequible que contribuya a paliar el grave problema de acceso a una vivienda digna que padecen miles de personas en nuestro municipio.