Todos los grupos de la institución provincial -PSOE, Adelante Málaga y Ciudadanos- a excepción del PP han aprobado esta mañana en la Comisión de Asuntos de Ciudadanía una iniciativa presentada por los socialistas instando a la Junta de Andalucía a no implantar el denominado veto parental en el sistema educativo público andaluz.

De esta forma, los grupos que han respaldado la iniciativa han aprobado instar a la Junta a no implantar este veto parental que “lo único que pretende ilegítimamente es limitar la competencia de las administraciones educativas en la programación general de la enseñanza y la determinación del currículo (lo que incluye tanto la formación a través de los contenidos, habilidades, destrezas y actitudes de las diferentes áreas y materias, como mediante contenidos transversales y actividades complementarias), en tanto en cuanto, el ‘pin parental’ no tiene amparo alguno en el ordenamiento jurídico que rige el sistema educativo español”.

La diputada provincial del PSOE, Patricia Alba, ha asegurado que la posición adoptada por el PP “vuelve a poner de manifiesto que no es necesario que la extrema derecha de Vox esté presente en la Diputación de Málaga porque sus postulados de ultraderecha ya los defiende en el día a día el Partido Popular”.

En la moción presentada, los socialistas recuerdan que durante los últimos años la escuela andaluza ha venido realizando una labor de sensibilización, dando a conocer y atendiendo a los diversos modelos de familia y personas que conviven en el entorno escolar, labor que ha sido apoyada por el conjunto de la comunidad andaluza y por el anterior gobierno.

El acuerdo de presupuestos para el año 2020 en Andalucía ha introducido en su punto 19, el denominado “Autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo”, que “se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos en la Constitución Española”.

Según los socialistas, en la práctica, se trata de aplicar lo que se conoce como “veto parental” a la  solicitud dirigida a las direcciones de los centros educativos para que informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad "que afecte a lo que VOX denomina cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar su consentimiento o no, para que los hijos asistan a dicha formación”.

El PSOE explica que todas las actividades formativas sobre coeducación, educación afectivo-sexual, identidad o expresión de género, modelos de familia o cualesquiera otra temática de educación en valores que el centro contemple en su Programación General Anual (PGA) -documento planificador de carácter público cuya aprobación corresponde a la Dirección y su evaluación, al Consejo Escolar- no deberán someterse a ningún consentimiento expreso previo por parte de las familias, puesto que la competencia para aplicar y desarrollar el currículo la tienen, en virtud del artículo 129.b) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Claustro y los equipos docentes, a salvo siempre su discrecionalidad técnica y el respeto al ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, apuntan que no cabe enjuiciar como injerencia ideológica una educación que promueve la defensa de los valores establecidos en la Constitución Española, en las leyes orgánicas que desarrollan el artículo 27 de la Carta Magna y en los currículos de las distintas etapas educativas que se proponen como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, y que han recibido la aprobación de los poderes públicos en el legítimo uso de sus competencias como representantes de la soberanía popular.

Asimismo, consideran que es una grave vulneración de otros preceptos de la Constitución:

·  Artículo 1, que consagra “la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico”;

·  Artículo 9, que establece “la obligación de los poderes públicos promover la igualdad”;

·   Artículo 10, que recoge la dignidad de la persona;

·   Artículo 14, que plasma la no discriminación.

Por otro lado, "también vulnera la Ley de Infancia y Adolescencia que establece en su artículo 11.3 que los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la sensibilización, prevención, detección, notificación asistencia  protección de cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la colaboración y la coordinación entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto públicos como privados para garantizar una actuación integral. No debemos olvidar que la orientación sexual y la identidad de género están entre las primeras causas de acoso escolar en los centros educativos".

Además, el veto parental "contraviene" la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, que en su artículo 13 establece que “se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios”.