En su intervención, Mario Blancke explicó que “nos encontramos en una situación en que unas viviendas han sido declaradas irregulares porque a pesar de haber obtenido todos los permisos exigibles, fueron los ayuntamientos los que actuaron en contra de su propio ordenamiento”, y solicitó que se estudiara y ampliara la aplicación de declaración de asimilado fuera de ordenación para las viviendas con sentencia de nulidad de sus licencias, “para evitar la demolición”, añadió.

“La declaración de una vivienda como fuera de ordenación la salva de la demolición pero repercute negativamente en el valor del inmueble (derecho de usufructo y derechos sobre la superficie, por ejemplo) y en las condiciones de una vida digna de sus propietarios. Es por esto que hemos planteado modificaciones en varios artículos que remitimos a la comisión de justicia con el fin de que tengan acceso al mercado hipotecario y la protección de los derechos de los compradores de buena fe”, explicó Blancke, y añadió que “proponemos que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía rebaje su doctrina del límite de revisión del tiempo de prescripción para poder declarar las viviendas como fuera de ordenación. Por esto, proponemos que en lugar de 20 años, como lo sitúa ahora, sean 10 años (una década en la vida de una persona), porque dado que estas acciones administrativas ya no son excepcionales, y revisar miles de expedientes de actos con apariencia de fiabilidad, socavan el principio de seguridad jurídica”. Para poner un ejemplo”, añadió Blancke, “el plazo de prescripción penal es de 5 años y 6 años para la prescripción de restablecimiento del orden urbanístico.”

Blancke explicó que “mientras los responsables del despropósito urbanísticos salen indemnes por la prescripción de los delitos, los efectos colaterales para los compradores de buena fe, tanto españoles como residentes europeos, como por ejemplo la imposibilidad de acceso a hipoteca y la limitación incluso de pequeñas obras, no prescribe nunca”. “Estamos hablando de aproximadamente 400.000 viviendas en esta situación en Andalucía, es decir, más de 1.000.000 de andaluces”. Por su parte, Alejandro Márquez, Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, comentó que “dado que es un tema que afecta a más municipios de Andalucía, comenzarán a ver el alcance completo para dar una solución más global”.

Tanto Alejandro Márquez como Rodrigo Sánchez se mostraron receptivos a plantear a las comisiones correspondientes la eliminación del artículo que limita el acceso de los compradores de buena fe al mercado hipotecario. Sin embargo, vieron algunos inconvenientes en aspectos tales como los plazos de prescripción porque haría falta una norma jurídica. Además, Márquez comentó que muchos de los planteamientos afectan a Vivienda más que al plan de ordenación y necesitan un abordaje más general a nivel andaluz.

Por otro lado,  el alcalde de Alcaucín indicó que la lenta tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana están ralentizando estas tramitaciones, “que en ocasiones tardan más que la vigencia de dicho Plan, y que genera un perjuicio al desarrollo económico y social de los municipios”.

“Finalmente, respecto a la calidad de vida de los afectados”, prosiguió Blancke, “pedimos igualar los derechos de acceso a los suministros básicos como agua, luz, saneamiento o telefonía a las viviendas en parcelaciones que se restringe a que la vivienda sea la habitual, algo que únicamente está ligado a deducciones de IRPF, y que para los residentes extranjeros se sitúa en tres años”.

Al término de la reunión, el presidente de la asociación SOHA, Philip Smalley, se mostró satisfecho por la acogida de las demandas. “Han entendido la problemática, especialmente cómo afectan a las viviendas”, comentó. “Se ha propuesto una próxima reunión en Alcaucín para conocer la situación de primera mano, algo que creemos que es muy necesario, ya que son alrededor de 1.000 viviendas las afectadas sólo en Alcaucín”.

Asimismo, tanto Márquez como los parlamentario Rodrigo Sánchez (PSOE) y Marta Escrivá (Ciudadanos) coincidieron en crear una reunión de trabajo en la que se involucre también a la Delegación territorial en Málaga, que tiene las competencias sobre las revisiones del PGOU.