El pleno del Ayuntamiento de Torrox ha aprobado en sesión extraordinaria, con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención de los grupos de la oposición, la liquidación del contrato administrativo con la antigua concesionaria del aparcamiento de la Almedina por un valor total máximo de 1.314.966,50 euros frente a los 33 millones de euros iniciales reclamados por la Unión Temporal de Empresas formada por ECSA, TRIGENER y FODECS.  En aras al interés público, en la misma sesión también se ha aprobado incautar la garantía definitiva por importe de 276.390,09 euros “como consecuencia de dicha resolución y por causa imputable al concesionario”. Además, según consta en la propuesta, “debido al incumplimiento de obligaciones esenciales consistentes en la renuncia unilateral del contratista a la gestión (ocurrida a finales de 2019) y explotación de la concesión del servicio público con abandono a posteriori” de la prestación acordada.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha manifestado al término del pleno que la liquidación aprobada cuenta con los avales de todos los informes técnicos realizados hasta la fecha, tanto municipales como externos, “y está perfectamente justificada” frente a los últimos casi seis millones de euros reclamados por la UTE tras su renuncia. “Este Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer: defendiendo los intereses generales de los vecinos y de todo el municipio de Torrox”, ha asegurado Medina. Según el alcalde, “de aquellos 33 millones de euros iniciales a los 1,3 aprobados por el pleno, hemos mejorado bastante y los vecinos siguen pudiendo disfrutar de un aparcamiento gratuito”. Cuando culmine todo el proceso administrativo y judicial, ha añadido el alcalde, “estaremos mucho mejor y con más solvencia económica para afrontar esa cantidad”.

El importe de liquidación aprobado por el pleno de Torrox está calculado tras cuantificarse numerosos defectos en la obra de los aparcamientos, como rotura de baldosas y desprendimiento de aplacado, entre otros, deterioros que tuvieron que ser solucionados por el Ayuntamiento. Los técnicos municipales han estimado en algo más de 1,1 millones de euros la cantidad correspondiente “al valor de las incidencias y defectos”; en unos 3,3 millones la cantidad amortizada durante el tiempo de concesión; y por encima de 423.000 euros la falta de renovación de las instalaciones técnicas a los 10 años de explotación. Todo ello suma la cantidad de 4,8 millones de euros que se restarán “al valor del importe de las inversiones de la concesión, que ascendía a casi 6,2 millones”, arrojando la cifra final de liquidación de 1,3 millones de euros como cuantía máxima.

La citada concesión se produjo en mayo de 2006, aunque no fue hasta noviembre de 2008, tras un ajuste presupuestario, cuando comenzó la explotación de las instalaciones por parte de la UTE. El plazo inicial fue de 20 años, ampliado a 40 años en 2014, modificación que se hizo efectiva en septiembre de 2017. Ya en 2020 el pleno aprobaba definitivamente el expediente de resolución del contrato después del abandono de la gestión de los aparcamientos.