El pasado miércoles 19 de diciembre, el Salón de actos del Colegio de Abogados de Málaga acogió la presentación del libro Reformas en el delito de cohecho tras las modificaciones penales de 2015, (editorial Dykinson, 2018), obra del doctor en Derecho, abogado, profesor de Derecho de la Universidad de Málaga y alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena. El acto contó con la presencia del decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez, y de la autora del prólogo y prestigiosa penalista, profesora titular de derecho  de la Universidad de Granada y directora del grupo de Investigación en Derecho ‘Los nuevos retos del derecho en una sociedad globalizada. Derecho 3.0.’, conformado por importantes representantes de distintos ámbitos del derecho, María de los Ángeles Cuadrado Ruiz.

La presentación contó con gran afluencia de público, entre representantes de la Judicatura, abogados, profesores de la  Facultad de Derecho de Málaga, funcionarios de Diputación de Málaga, alcaldes y concejales de varios pueblos de la provincia, periodistas y público en general.

En su presentación, Lucena expuso uno de los problemas cruciales de la criminalidad de nuestros representantes públicos y políticos, y explicó cuáles son las diferencias entre las responsabilidad de un político en el desempeño de su cargo como representante público y cuál es la responsabilidad penal por el ejercicio de sus funciones.

Aportó una visión práctica de un concepto jurídico indeterminado como es el regalo que pueden recibir los cargos públicos, pero también analizó un delito muy de moda y mediático en los últimos años en España, como es el delito de cohecho y, más profundamente, de su modalidad más frecuente en las últimas fechas, “el delito de cohecho pasivo impropio.”

“El Derecho penal, expresión del ius puniendi del Estado, tiene por finalidad la salvaguarda de los bienes más valiosos y esenciales para el mantenimiento del orden social y por tanto, castigar los comportamientos que resulten lesivos para el mismo”, definió Lucena.

“Es indudable que la responsabilidad penal y la política pueden cruzarse”, explicó el alcalde de Benamocarra, “máxime cuando una conducta, la de recibir un regalo en atención a un cargo público que supere los usos sociales, habituales o de cortesía, puede ser objeto de un procedimiento penal como responsable de un delito de cohecho (pasivo impropio) y si hay identidad de sujeto, objeto, también dar lugar a un procedimiento sancionador de los previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Función Pública y Buen Gobierno, con lo cual el procedimiento administrativo podría paralizarse por la interposición de querella o denuncia en la vía penal”. 

En definitiva, una aportación jurídica que pretende contribuir y dotar de mecanismos la inseguridad jurídica existente en esta materia, y que gustó sobremanera al numeroso público que acudió a dicha presentación y que felicitó con insistencia al autor.