Seis años y medio ha tardado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en convocar las Ayudas para la Prevención de Incendios Forestales. Una convocatoria que a juicio de Asaja Málaga llega tarde y mal, ya que tras esperar esta orden durante años ha visto la luz en pleno verano, dificultando de manera innecesaria los trámites de la misma poniendo un plazo de solicitud de sólo dos meses, uno de los cuales es agosto. A ello hay que sumarle que las ayudas llevan asociado un solapamiento con la PAC, es decir, se descuenta de la superficie declarable de las ayudas de la Política Agraria Común, toda la superficie que se dedique a cortafuegos, cuando es un elemento estructural de una superficie de pastos o forestal.

Otro despropósito de la Orden son los topes máximos subvencionables, que no se ajustan a la realidad del campo ni se basan en tarifas estándares como las de Tragsa o Tarifas de la propia Agencia de Medio Ambiente y Aguas, usando, por tanto, la administración diferentes varas de medir según le toque pagar o recibir un pago.

La Orden, además, parte con la desventaja para el solicitante de que no le permite usar medios propios, ni contratar a personal exclusivamente para estas labores, algo que sí se permitía anteriormente. Asimismo, conlleva la obligación de elaborar una Memoria Técnica suscrita por un técnico competente sin tener en cuenta la dimensión de las explotaciones y por tanto añade un coste innecesario a las más pequeñas cuando, por poner un ejemplo, el Plan de Incendios carece de este requisito para explotaciones de menos de 400 hectáreas. Todo ello conlleva un importante e injustificado desembolso económico para poder optar a las ayudas.

Además, la orden por la complejidad en su tramitación, solo subvencionará las actuaciones de la anualidad 2019-2020, por lo que sólo podrán solicitar la ayuda aquellos propietarios cuyos planes de Prevención de Incendios Forestales o Plan Técnico de Ordenación, tengan aprobadas actuaciones para esa anualidad. 

Asaja Málaga llama a la Consejería a la reflexión en su poco equitativa política de ayudas forestales. Y es que el 75 % de la superficie forestal de la provincia de Málaga está en manos privadas. Esto no se está teniendo en cuenta a la hora de valorar las ayudas que debe recibir este sector, aunque estas también están destinadas a los ayuntamientos como propietarios privados. La cuantía total destinada a esta convocatoria de ayudas, después de más de seis años, es de 14 millones de euros, que comparado con los 167,4 millones de euros que sólo este año tiene de dotación presupuestaria el INFOCA, consideramos que parte de lo que se destina al dispositivo de extinción de incendios, debe ir destinado a la prevención, con convocatorias anuales y no cada lustro.

Otro dato importante es el historial de las ayudas concedidas a la provincia de Málaga en la convocatoria de 2012. En ella sólo se concedieron 115.870,91 euros de los 2,9 millones de euros totales de Andalucía para la prevención de incendios.

Es por todo ello que Asaja Málaga denuncia que estas medidas no aparecían en los borradores previos,  se han puesto en marcha sin previo aviso y sin posibilidad de alegación, por lo que solicitamos su revocación y modificación con unas condiciones que se adapten a la realidad del sector y que verdaderamente sean asumibles por los solicitantes.