Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Bull, han detenido en Cieza (Murcia) a dos mujeres de 30 y 35 años y nacionalidad española, como presuntas responsables de los delitos de estafa y falsificación de documentos. Las estafadoras ofrecían préstamos a través de Internet que iban desde los 300 hasta los 60.000 euros, para cuya tramitación, pedían por anticipado pagos que oscilaban entre los 75 y 2.000 euros, ascendiendo el importe defraudado a más de 10.000 euros. En el trascurso de las investigaciones, los agentes han hallado más de 45 anuncios publicados en todas las provincias de España.

Origen de la investigación: denuncia

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional por un notario de Fuengirola en relación al uso fraudulento de su nombre, sello y firma con los que alguien elaboraba documentos falsos que luego utilizaba para dar credibilidad a sus falsas ofertas de préstamos en Internet.

Durante las primeras pesquisas, los investigadores lograron identificar a las presuntas autoras de los hechos, dos mujeres vecinas de la localidad murciana de Cieza. Se estableció, entonces, un dispositivo de búsqueda y localización que dio como resultado su localización y detención en la mencionada localidad.

Préstamos tentadores a través de Internet

Los estafadores ofrecían a las víctimas potenciales préstamos que oscilaban entre los 300 y los 60.000 euros, pidiendo por anticipado el pago en concepto de gastos de estudio y gestión, de una cantidad que iba desde los 75 y hasta los 2.000 euros y que una vez las víctimas pagaron, nunca recibieron el préstamo.

Modus operandi

Según las pesquisas, las arrestadas captaban a sus víctimas a través de anuncios en Internet en los que ofrecían créditos sin requisitos de solvencia y con unas condiciones muy atractivas; cuando el interesado contactaba con ellas, estas le enviaban por Whatsapp o por correo electrónico un contrato de formalización de préstamo y un documento falso supuestamente firmado y sellado por un notario de Fuengirola, en el que se autorizaba a los prestamistas a realizar las operaciones financieras aparentemente avaladas por el mencionado despacho notarial y en el que se establecía la cantidad que el cliente debía abonar para la legalización del contrato; una vez abonada la cantidad, cortaban toda comunicación con las víctimas que nunca recibieron el préstamo.