Que los partidos políticos deban declarar ante el Parlamento sobre sus obvias corrupciones, ¿quién lo discute? Pero que el presidente del Gobierno tenga que hacerlo (ni antes ni después) en nuestro particular ‘Septiembre Negro’, entre el mortal atentado terrorista de Barcelona y el anunciado a bombo y platillo Golpe de Estado de Puigdemont (solo a falta de la firma), es una irresponsabilidad histórica. (¡Ojo, no tengo espacio para sutilezas!). 

Para demostrar la sensatez de lo dicho, bastaría con recordar el dato de que el fracaso del último golpe de Estado dado en España, el 18 de julio del 36, nos acarreó una espantosa guerra civil de tres años. Con las consecuencias por todos sufridas... y conocidas.

Quiero decir, una de dos: Si, finalmente, el golpista ‘govern catalá’ acatara las leyes del Estado democrático, la Constitución Española, estaríamos en el escenario del ‘mal menor’. ¡Ojalá!

Pero sería otra mayúscula irresponsabilidad preferir ignorar el otro escenario posible (por no querer, o no saber, mirar de frente la fea realidad). El de los cabecillas del sedicioso ‘golpe’ alzándose contra las órdenes del Estado Constitucional, llamando al ‘pueblo’ (sic) a ocupar las calles. ¿Qué pasaría? Pues que, ¡de sopetón!, la inmensa mayoría de los españolitos estaríamos a un paso del precipicio. ¡Y con las armas como única salida!

Un escenario que no quisiera ni pensar. Pero que podría darse por la dejación de algunos líderes políticos que se llenan la boca de Constitución.
Hacer política, hoy, para debilitar al gobierno del Estado, en vez de hacer piña con él, es ‘el gran disparate’.