El pasado 6 de febrero, el exalcalde popular de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, denunciaba que tanto PSOE como IU en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía pretendían subir la factura del agua a los vecinos de la Axarquía, incrementando las tasas de abastecimiento en alta y de depuración, sin consenso previo y sin buscar alternativas.

La empresa pública Axaragua arrastra actualmente una deuda de 10 millones de euros y un déficit mensual de 60.000 euros que incrementa la deuda, lo que la coloca en una situación de quiebra técnica, a pesar de tener un volumen de negocio de 8 millones de euros, según explicaba IU. 
Bonilla afirmaba, además, que, de esta manera, la subida afectaría principalmente a los municipios de mayor población, y ponía el acento en que, precisamente, los municipios que votaban la subida no representaban a ninguno de los municipios a los que más afectaría dicha subida.

Además, el exalcalde veleño añadía que en la situación económica en la que estaba la Mancomunidad y la empresa pública Axaragua habría que adoptar medidas de ahorro en la estructura política.

Por su parte, José María Gómez (PA), desde Rincón de la Victoria, confirmaba su oposición y voto contrario a la subida, tanto suyo como del alcalde rinconero, Francisco Salado. Además, el concejal andalucista iba más allá y pedía la dimisión del presidente del organismo, Gregorio Campos.

El PSOE, por otro lado, permanece dividido y no encuentra tampoco consenso interno, y es que, mientras que los tres vocales socialistas en la Mancomunidad,  con Gregorio Campos a la cabeza, estaban de acuerdo con la subida de las tasas, los municipios socialistas de Vé­­­­lez-Málaga y Algarrobo confirmaban su oposición. 

Por contra, Izquierda Unida cerraba filas en torno a sus compañeros de partido Juan Peñas y Raúl Peña, que convocaron a la prensa para explicar la situación de la empresa pública. 

Los de IU defendieron la nueva ordenanza y la subida de tasas apoyados en dos puntos fundamentales: salvar la empresa pública a través de esa subida de tasas y cobrar una cuota mínima por el saneamiento a las viviendas que están desocupadas que, según explicaron, lo confirmaba un informe de legalidad del secretario del ente supramunicipal.

Peñas aseveró que estas viviendas, segundas viviendas deshabitadas, deberían pagar, y el alcalde de Almáchar, José Gámez (IU), las calificó como “de los pudientes” de los municipios grandes, y recalcó que los pueblos pequeños sí la pagaban, insistiendo que había que salvar la empresa pública y evitar que se privatizara.

Según Peñas, la tasa de agua en alta no se modificaba desde 2008, a pesar de preveerse una subida según el IPC (desde 2011 a 2016 habría sido del 6,9 %), y el PP no subió dichas tasas. A pesar de eso, continuaba diciendo, el PP pidió dos préstamos, uno de 5 millones de euros, que supone una mensualidad de 70.000 euros mensuales, para pagar el canon y a proveedores, y que afectan a las finanzas de la Mancomunidad y de la empresa pública.

A estos gastos, Peñas añadió que también había aumentado el coste de personal de 2011 a 2016 de 270.000 euros, al igual que la gestión de residuos en otros 270.000 euros, y 190.000 euros de mantenimientos varios.

Mientras tanto, Gregorio Campos (PSOE) trataba de acercar posturas que pudieran satisfacer tanto a sus compañeros de partido como a Izquierda Unida y, tras suspender la comisión informativa, presentaba una propuesta en la comisión de hacienda de la Mancomunidad a la que Izquierda Unida ya daba el visto bueno por medio del alcalde de Almáchar. 

La propuesta en la línea de salvar la empresa pública convenía (1) la adaptación de la tasa de depuración a la legalidad vigente, estableciendo un tramo fijo y diversos tramos variables en función del consumo, y en el que entraría la subida de las tasas a las viviendas vacías o de segunda ocupación; (2) actuar sobre la tarifa para corregir el IPC, pero únicamente a partir de 2018; y (3) reducir en 235.000 euros el canon que Axaragua transfiere a la Mancomunidad (actualmente unos 860.000 euros), por el aumento de los ingresos de agua potable. 

Esta propuesta, de obtener el consenso necesario el lunes 19 de febrero, podría dictaminarse como favorable en la comisión informativa del organismo supramunicipal.

Sea como sea, Axaragua está en una situación delicada que es necesario reconducir satisfactoriamente por la tranquilidad de los ciudadanos, que temen que la subida de las tasas afecte a sus bolsillos.