La renta mínima aprobada por el Gobierno PSOE-Podemos iba, según decían, a aliviar las penurias de unas 850.000 familias con un coste de 3.000 millones de euros. La renta mínima comenzó a solicitarse desde el pasado 15 de junio y hoy, dos meses después, se ha hecho público que de 700.000 solicitudes, solo se han aprobado 3.966, lo que lleva a pensar, una vez más, que, como pasó con el ‘Plan Zapatero’ las soluciones a los problemas requieren de algo más que tener propensión a gastar dinero público. Burocracia, condiciones leoninas para acceder a las ayudas, lentitud administrativa, vender la piel del oso antes de cazarlo...

El caso es que en España ya hemos pasado por estas cosas, como fue el citado ‘Plan Zapatero’ de infausto recuerdo, que no ayudó a solucionar la crisis de 2008 y, además, nos endeudó aún más con un despilfarro que se evidenciaba en proyectos cuyo cartel propagandístico del Gobierno costaba más que la obra a realizar.

Pensamos que el Estado, así como sus diferentes administraciones, deben responder con eficacia y prontitud ante las catástrofes. Eso de no dejar a nadie atrás es una bonita frase que requiere de gente competente para llevarla a cabo, como estamos viendo con la renta mínima en un país en el que los gobernantes se van de vacaciones en mitad de la tormenta.