Ante el clima de controversia surgido en los medios y en la sociedad por la nueva Ley educativa (LOMLOE), es necesario acercarse a ella y realizar una lectura más detenida; solventando las dudas de las familias y los posibles equívocos o malas interpretaciones.

La pasada manifestación de los colegios privados-concertados exigiendo libertad  de elección de centro educativo por parte de los padres, aunque están en su derecho de manifestarse, no hay razón de ser para preocuparse, porque en el capítulo dedicado a la escolarización dice que las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutor legal. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. Pero en el capítulo de la gratuidad de la educación, advierte que “para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, e imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. Tras leer este último apartado  que garantiza la gratuidad de la enseñanza pública y concertada, así como la prohibición de imponer a las familias la obligación de cobro alguno dentro de esas enseñanzas, queda preguntarse si, quizás, sea esa la preocupación o el malestar de los colegios privados de carácter concertado.

En cuanto a la enseñanza religiosa, los padres podrán elegir la religión que profesen para sus hijos.

Lo que ha cambiado es la concepción del castellano como lengua vehicular, cuyo concepto aparece en la LOMCE. Pero la nueva ley educativa recoge que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”. Ahora, la  LOMLOE  desarrolla  la concepción de equiparación  y cooficialidad de las lenguas.

Las palabras que aparecen, de manera reiterativa, en el texto de la nueva ley educativa son: equidad, igualdad, calidad, inclusión educativa, no discriminación, participación y convivencia. Haciendo énfasis que la filosofía educativa de la ley se basa en los principios pedagógicos de una atención personalizada, que atiende y respeta las diferencias individuales y sociales, con objeto de formar personas para la convivencia democrática. Garantizar la calidad y la inclusión educativa y sus necesidades de aprendizaje, haciendo  resaltar que no debe existir discriminación alguna. Recoge, además, que es una ley  para el siglo XXI, dando importancia a las competencias tecnológicas, aprendiendo a utilizar las fuentes de información con sentido crítico.  Por ello os invito a conocer la  nueva ley educativa e informaros bien, con objeto de evitar la de­­­­­sin­­­formación.