Todos los pronósticos apuntaban a que el exalcalde de Alcaucín, Don José Manuel Martín Alba, respondería como ‘cabecilla’ de una trama organizada para cometer delitos relacionados con el urbanismo en el municipio en el que era regidor. Y no me sorprende, atendida la expectación y el contenido del atestado policial que encendió la mecha del caso, y el multitudinario número de agentes que se desplegó para practicar su detención. Por suerte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, piensa de manera distinta.

El 16 de septiembre de 2008, dos agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil, suscribieron un atestado-informe cargado de conjeturas, imprecisiones y, sobre todo, de desconocimiento de la normativa urbanística vigente, así como de las circunstancias de hecho ‘reales’ que rodearon el caso. Fue sobre este atestado, y fundamentalmente sobre el recuerdo reciente del ‘caso Malaya’, sobre el que se autorizaron escuchas telefónicas y, posteriormente, se practicaron el mayor número de detenciones y registros domiciliarios, realizados con ocasión de un solo procedimiento judicial, en la comarca de la Axarquía. 

Son 54 acusados los que se han venido quejando no sólo del despropósito del asunto y de sus acusaciones, sino del tra­to recibido con ocasión de sus de­ten­ciones. No lo digo yo: ha quedado re­cogido en las grabaciones de las de­cenas de sesiones celebradas a lo largo de los on­ce meses que ha durado el juicio oral. 54 vidas truncadas -algunas quedaron en el camino- a consecuencia de la criminalización indiscriminada que -también a juicio de este letrado- se ha desarrollado bajo el paraguas de este procedimiento, cargado de acusaciones duras e innecesarias.

No ha sido hasta el día 5 de abril de 2018 cuando se ha dictado sentencia por el órgano de enjuiciamiento; diez años se ha tardado en ‘poner nombre’ a las actuaciones susceptibles de reproche criminal, y en concluir responsabilidad en 22 de los 54 ‘señalados’, atribuyéndoles, en la mayoría de los casos, participaciones casi anecdóticas y con penas de escasa entidad. Sin perjuicio del margen de error que asiste a los magistrados que formaron parte de la sala, en pronunciamientos sobre los que este profesional discrepa, no he visto en el último tiempo, una manera más correcta de impartir justicia. Como tampoco he visto en el mismo tiempo, un manera más correcta de revelar que el origen del conocido como ‘Caso Arcos’ ha sido tan improcedente como inapropiado.

No entraré en este momento a hacer análisis jurídico del contenido de la sentencia -que sí realizaré junto con otros asistentes y compañeros de fatigas en la defensa de este asunto, en las próximas Jornadas Jurídicas de la Axarquía-. Mi interés en esta ocasión es mostrar al lector -o al menos intentarlo-, que la realidad que en ocasiones se nos muestra, y que se nos antoja incorrecta, con dificultad se aprecia del mismo modo por quienes viven y padecen situaciones a todas luces injustas, y que han visto procedimiento desde otro lado. Esos acusados a quienes les encantaría hablar del ‘otro Caso Arcos’, el real, el vivido, el padecido, y que, como bien se puede apreciar en la resolución de la Audiencia Provincial de Málaga, poco tiene que ver con el que nos dijeron que era y se ha creído hasta este momento. 

¿Quién paga el destrozo?