Así lo ha expuesto Navarro durante una visita al municipio junto a su alcaldesa, María del Carmen Moreno, destacando que “la actuación llevada a cabo por el Consistorio para la remodelación del entorno de la calle Navas Moyano tiene como único objetivo la mejora de la zona y, por ende, la puesta en valor de su alminar mudéjar”, criticando “el boicot político de IU al equipo de gobierno popular a cualquier precio y sin medir las consecuencias de su acción para las arcas municipales y para los propios vecinos”.

En este sentido, Moreno ha explicado que, “tras la denuncia promovida por la portavoz municipal de IU y antigua alcaldesa de la localidad, la delegación provincial de Cultura se ha visto obligada a iniciar sendos expedientes sancionadores al Consistorio, el primero valorado en hasta 100.000 euros por haber actuado en el radio de protección de la torre mudéjar y el segundo, instando a la restitución de la obra”, ha expuesto.

De este modo, la regidora ha subrayado que “el Ayuntamiento ha procedido en todo momento de buena fe y con los informes favorables, contemplando esta actuación como acicate para la creación de una treintena de empleos, el embellecimiento del municipio y la puesta en valor del propio monumento mediante una obra que ha sido financiada por el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) a través de una subvención de 82.000 euros, partida que también deberían devolver en parte de seguir adelante con la aplicación de dichos expedientes”, ha lamentado.

“La portavoz de IU no ha medido las consecuencias de su acción y se ha pasado de frenada”, ha señalado Moreno, apuntando que “todos sus esfuerzos están enfocados a boicotear el funcionamiento del Consistorio por puro revanchismo político, tras arrebatarle el PP la mayoría absoluta tras 18 años”, ha recalcado.

No obstante, ha proseguido, “el daño para las arcas municipales puede ser irreparable, ya que la aplicación de estos expedientes podría suponer un coste de 200.000 euros, una cifra a todas luces descabellada para un municipio cuyo presupuesto anual ronda los 400.000 euros”, ha advertido.

El Grupo Popular defenderá una iniciativa en el Parlamento andaluz

La representante regional, Patricia Navarro, ha informado entonces de que “el Grupo Popular defenderá en la Cámara andaluza una Proposición No de Ley (PNL) instando a la Junta a paralizar la ejecución de estos expedientes”, indicando que “desde el Ayuntamiento ya se han iniciado las acciones pertinentes para su suspensión”.

“No es de recibo que un municipio con poco más de 400 habitantes se enfrente a esta sanción desproporcionada que puede alcanzar los 200.000 euros, lo que supondría un coste medio de 500 euros por vecino y la mitad del presupuesto anual, lo que repercutiría en la no realización de actuaciones de mejora, obras, talleres y otras iniciativas municipales”, ha insistido.

Por ello, ha apelado a la generosidad del resto de grupos para “atender a la lógica y apoyar esta iniciativa parlamentaria, con el fin de evitar este desastre presupuestario para las arcas municipales de Árchez”, petición a la que se ha sumado la alcaldesa, apostillando que “hará todo lo que esté en mi mano para que los vecinos no tengan que pagar esta revancha política”, ha concluido.