sequia

Jorge Gallardo ha explicado que "la capital sigue expulsando a ciudadanía, el 52% de los vecinos que ahora viven en Cártama han sido expulsados de la capital, eso no puede seguir existiendo porque genera problemas de seguridad y de infraestructuras mientras la Junta no actúa en los municipios que estamos recibiendo a estas familias"

Según el dirigente socialista "el Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha recibido ni la disposición del terreno ni el proyecto que se tiene que someter a evaluación impacto ambiental por parte del gobierno de Moreno Bonilla para invertir los 100 millones de euros destinados por el gobierno central a esta actuación"

"Sabemos que no llueve, pero también que no se está actuando contra la sequía después de todos estos años de gobierno del PP", ha dicho el alcalde Salvador Arcas

Carmen Crespo resalta que esta comarca malagueña ha estado en el centro de las políticas de la Junta y que el próximo trimestre alcanzará las 11 obras finalizadas para hacer frente a la sequía

Crespo destaca que la Axarquía alcanzará los próximos meses los 31 hectómetros cúbicos de agua, 21 para regadío y 10 para abastecimiento

El candidato de Andalucía Por Sí ha propuesto una batería de medidas contra la escasez de agua y para mejorar la calidad de vida de agricultores y familias que viven en cortijadas o diseminados

"No están nombrados ni los representantes territoriales del gobierno regional, todos siguen de vacaciones mientras reivindicamos mejoras ante este estrés hídrico, que conlleva que haya medidas pero no engañar a la gente como ha pasado con la autovía del agua", ha dicho Daniel Pérez

La consejera de Desarrollo Sostenible avanza que esta inversión de 566.600€ en trabajos de reparación en túneles y presas de derivación para aprovechar toda el agua está al 30% de ejecución

La secretaria general del PP de Málaga y parlamentaria andaluza, Patricia Navarro, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que “convierta a los agricultores en su principal aliado contra la sequía”, reprochándole que “mantenga a muchos al margen de la legalidad y sin constituir como comunidades de regantes por las trabas administrativas requeridas, lo que les impide acceder a las ayudas para la modernización de los sistemas de riego”.