En el pleno del mes de febrero se volvieron a aprobar las ayudas al IBI para el ejercicio 2018. Así, tras el trámite necesario entrará en vigor la ‘Ordenanza Reguladora de las Bases de Concesión de Ayudas a la Ciudadanía para el Fomento de la Implantación en el municipio de Vélez-Málaga y Apertura de Convocatoria correspondiente al ejercicio 2018’, que es como se llama. La ordenanza, muy semejante a la aprobada para 2008, como el propio equipo de gobierno reconoció en el pleno, pocos cambios ha tenido durante estos diez años, pues tanto las modificaciones introducidas en 2011, así como las de 2015, han sido poco significativas. Tan irrelevantes han resultado, que son numerosas las personas que han adquirido una vivienda a partir de 2013 que, ante la ayuda ridícula que se les concede -a veces solo de céntimos de euro, y que les supone la obligación de presentar la declaración de la renta- optan por renunciar a la misma. 

Hay que recordar que la finalidad de los impuestos no solo es la de obtener recursos con los que satisfacer los servicios públicos, sino que deben ser parte de una política fiscal más amplia que sirva, en la medida de lo posible, para corregir las ineficiencias del mercado, eliminar desigualdades sociales y favorecer el crecimiento económico. En el caso de los ayuntamientos, permite una mejor adaptación a las necesidades de sus municipios.

No se entiende que, después de diez años de­dicando a las ayudas al IBI 4.300.000 eu­ros anuales de las arcas municipales, ninguno de los equipos de gobierno que han pa­sado por este consistorio desde 2008 ha­yan sido sensibles a las necesidades de sus ve­cinos, acordando unas ayudas que tuvieran por finalidad contribuir a la protección de personas en circunstancias que las hacen particularmente vulnerables al riesgo de pobreza y exclusión social, mediante la compensación parcial de la carga tributaria mu­nicipal asociada a la vivienda habitual, teniendo en cuenta el nivel de ingresos de los hogares, así como circunstancias personales de dependencia o discapacidad; el fomento de la actividad económica y empresarial con el fin de incrementar el empleo estable y la reducción de los niveles de desempleo, reduciendo la carga del impuesto a aquellas empresas o autónomos del municipio que creen empleo estable; así como la difusión cultural y la protección de la calidad del modelo urbano: protección arquitectónica, histórica, paisajística y medioambiental de la ciudad, por ejemplo, aplicando la ayuda a los recibos de aquellos titulares de inmuebles que restauren sus viviendas o locales en el centro histórico o que instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar.

Es cierto que las corporaciones locales tienen limitada su capacidad reglamentaria, tanto por  la Ley de las Haciendas Locales como la Ley de Base de Régimen Local, pero en el ámbito de sus competencias nada impediría formular una ordenanza fiscal que respondiera, en primer lugar, a un reparto de la carga tributaria que la soporte en mayor medida el que más tiene y, en segundo lugar, que fomente la creación de empleo y la conservación del centro urbano. 

No hay excusa alguna para continuar utilizando el ‘corta y pega’ durante más años en esta ordenanza municipal, salvo que nuestros gobernantes en vez de estar pensando en mejorar la calidad de vida de todos nosotros estén haciendo cálculos electorales.